Chimbote en Línea. “La política peruana se ve amenazada seriamente por la penetración del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas que buscan financiar candidatos en busca de un manto de impunidad y protección”, alerta Gerardo Távara Castillo; a unos meses de las Elecciones Generales 2016 y en medio del debate en el Congreso de la República sobre una propuesta para modificar la legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales.

Gerardo Távara, especialista en temas electorales y secretario general de Transparencia, señala que el lavado de activos procedentes del narcotráfico en el Perú podría superar los 5 mil millones de dólares anuales. Además, revela que hay 8 departamentos que reportan “operaciones sospechosas”, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú): La Libertad, Áncash, Lambayeque, Piura, Ica, Callao, Tacna y Arequipa.

“Miremos Colombia, Centroamérica y México y constataremos que en todos los países azotados por el crimen organizado –el narcotráfico, especialmente- éste busca penetrar la política y cuando no lo consigue la ataca, amenaza y asesina”, señala en su artículo Elecciones 2016: ¿quién te financia?, publicada en los portales de Perú en Línea.

“Eso ha llevado a que en muchos países se establezcan topes a lo que un partido puede gastar en una campaña o incluso a prohibir el financiamiento privado. Por eso preocupa fuertemente que el Presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Freddy Otárola, haya propuesto elevar de 30 a 300 UIT el tope de lo que una persona o empresa puede aportar cada año a un partido político; 300 UIT equivalen a 1 millón 155 mil soles”, afirma.

“La propuesta de Otárola elimina, además, los topes para el financiamiento anónimo bajo la modalidad de actividades proselitistas (rifas, polladas, bingos, “waldotones”, etc.). Como señala José Alejandro Godoy,  la situación sería mucho más grave aún porque el proyecto califica como infracciones “leves” no presentar los reportes o no identificar a los aportantes, para lo que se aplicaría una sanción de apenas 10 UIT que equivalen a 38,500 soles. Vamos a ponerlo en palabras sencillas: el partido puede recibir de una persona más de un millón de soles, no declararlo y pagar una multa de 38 mil”, agrega.
Agregado a ello, Távara evidencia que las organizaciones política peruanas no reportan ante la ONPE sus ingresos y gastos de campaña. Así, 13 de los movimientos que ganaron las elecciones del 2014 y hoy gobiernan nuestras regiones no presentaron su informe financiero de ese año.

Han sido los propios organismos electorales (ONPE, JNE y Reniec), y otras entidades que integran la Plataforma Electoral, quienes han presentado observaciones a la propuesta de modificaciones a las normas electorales, venidas desde el Poder Legislativo; advertencias hechas llegar vía carta al propio Presidente de la República para su intervención al estar en riesgo la democracia en el país.

“Estamos a tiempo de evitar esta grave trampa para la política y la democracia peruana. Pregunte usted a su Congresista ¿cómo financió su campaña?; pregunte a los nuevos candidatos y candidatas ¿quién te financia? Tenemos derecho a saber”, finaliza Távara. (Redacción central)

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