Chimbote en Línea (Por: Gerardo Távara Castillo) El Latinobarómetro es un estudio de opinión que se aplica desde hace 20 años en 18 países de América Latina mediante entrevistas a aproximadamente 20 mil personas. Los resultados de este estudio para el año 2015 revelan que el Perú es el país en que la población se siente menos representada por el Congreso, y también la que siente menos confianza en el Gobierno.
Las encuestas en el Perú muestran resultados igualmente preocupantes; de acuerdo con las últimas encuestas de IPSOS el Congreso peruano tiene apenas 12% de aprobación y 84% de desaprobación. Los resultados no son gratuitos; el Congreso de la República se ha visto envuelto en una serie de sucesivos escándalos en los que congresistas cometieron actos reñidos con la ética y con la ley.
Durante los últimos cuatro años la población ha expresado -incluso en las calles- su descontento con decisiones adoptadas por el Congreso de la República. Aquí dos casos: la llamada “repartija” que se produjo cuando el Congreso “repartió” entre los partidos los cargos del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Banco Central de Reserva; y la aprobación de la denominada “Ley Pulpín”. En ambos casos, el Congreso se vio obligado a retroceder en sus decisiones.
El Congreso y cada uno de los congresistas deben tener presente que su función de representación los obliga –sí, los obliga- a actuar considerando las expectativas, opiniones y demandas de la población a la que representan. El voto no es un “cheque en blanco”, es una responsabilidad, un vínculo por el cual los electores y electoras tenemos derecho a pedir cuentas.
Por esto, no deja de sorprendernos cuando, en el marco del debate sobre reforma electoral, el Presidente de la Comisión de Constitución, Fredy Otárola, afirma que los congresistas no tienen por qué dar explicaciones de sus decisiones bajo el argumento de que el Congreso es un poder soberano. Tampoco son aceptables expresiones de congresistas experimentados como Mauricio Mülder quien afirma que si los titulares de los organismos electorales quieren opinar deben postular al Congreso.
Los peruanos y peruanas queremos un Congreso de la República en el cual confiar, que legisle en función de los intereses de la población y no en función de los intereses de sus propios partidos políticos.
Lo que está en cuestión es la esencia de la función de representación. Se trate de alcaldes, gobernadores regionales o congresistas, la población tiene derecho a opinar y a ser escuchada y a que sus opiniones, propuestas y demandas sean valorados y consideradas al momento de tomar decisiones, sin esperar a expresar sus demandas en las calles.
En materia de reforma electoral, la población demanda mayor transparencia en el financiamiento de las campañas y mayor democracia al interior de los partidos políticos. Ver reportes IPSOS, setiembre 2015
La Asociación Civil Transparencia ha analizado las propuestas que se debaten en el Congreso http://www.transparencia.org.pe/elecciones2016/ojo-a-la-campa-a/333/cuen... y ha recomendado establecer topes específicos y sanciones efectivas –incluyendo sanciones de carácter político- cuando un partido incumple las normas sobre financiamiento, tema de especialísima actualidad. http://www.transparencia.org.pe/elecciones2016/ojo-a-la-campa-a/334/sanc...
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