Chimbote en Línea.- Por disposición judicial 18 meses de prisión preventiva deberá pasar el exadministrador del Distrito Fiscal del Santa, Gino Casiano Reyes Roggero, en el establecimiento penitenciario de Cambio Puente, luego que el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, declaró fundado el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía, en contra del procesado por los delitos de peculado doloso, falsedad genérica y uso de documentos privados falsos.
En primer momento, la audiencia se iba a desarrollar al interior de la habitación que ocupa Reyes Roggero, en la clínica San Pablo, pero debido a que el médico que lo atiende argumentó que su presión se encontraba elevada, el magistrado Eudosio Escalante Arroyo, decidió realizarla en la sede central.
El fiscal Anticorrupción Felipe Elías Silva, en sus alegatos, señaló que el exadministrador del distrito fiscal del Santa, ejerció sus labores entre el 10 de marzo del 2015 al 28 de octubre del año pasado.
Durante ese tiempo, junto al exresponsable del manejo de los fondos en efectivo, Fernando Sotelo Valenzuela, quien está prófugo; cometieron manejos irregulares de los dineros de la entidad, de los cuales se apoderaron.
Para ello, utilizaron documentos contables como boletas, recibos por honorarios profesionales y facturas presumiblemente falsificadas, así como compraron facturas a proveedores que nunca realizaron servicios de reparación y mantenimiento de los locales y bienes del Ministerio Público del Santa.
Los fondos estaban destinados además al pago de servicios básicos como luz, agua, internet, teléfono, arbitrios , viáticos para comisión de servicios, programas como Fiscales Escolares, Udavit, Justicia Juvenil Restaurativa. Todo esto, fue sustentado con documentos falsos y otros presuntamente clonados, lo que se desprende de las declaraciones de los representantes legales de las empresas que supuestamente dieron esos servicios a la Fiscalía, así como de los testimonios de testigos con identidad en reserva.
Al respecto, la defensa técnica del acusado, señaló que todo lo desarrollado por Reyes Roggero se realizó conforme lo dispone la ley y que se siguieron todos los procedimientos regulares.
Que lo declarado por algunas personas, presuntos testigos, de que haya inconvenientes en los libros contables o facturación de los proveedores que no corresponden a servicios prestados, son de entera responsabilidad de ellos y no de su patrocinado. "Hay aún pericias que faltan realizar por ejemplo, como para hablar de falsificación de documentos", señaló uno de los abogados.
Tras una audiencia que se prolongó por casi cuatro horas, para el doctor Escalante Arroyo, la medida de prisión preventiva es un fin legítimo y de rango constitucional, pues es un deber del Estado, investigar la verdad.
"En el caso de autos estando a la naturaleza y la gravedad de los delitos, así como la forma en la que se abrían producido, esto es que el imputado se habría apropiado de dinero que debió emplearse para pagar los servicios del Ministerio Público para que se luche contra la criminalidad, es que este despacho sostiene que no existe otro medio alternativo que tiene la misma idoneidad que la prisión preventiva", dijo, disponiendo el internamiento de Gino Reyes Roggero en el penal de Cambio Puente por 18 meses.
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