Chimbote en Línea.- La audiencia de juicio oral que terminaría con la lectura de los lineamientos de la sentencia del preso exalcalde provincial del Santa, Luís Arroyo Rojas y exregidores de su gestión por el caso de las “fotopapeletas electrónicas” quedó reprogramado para el próximo 12 de junio a las 12 y 30 del mediodía.

El titular del Segundo Juzgado Unipersonal de la Corte del Santa, Efer Díaz Uriarte esperaba dar inicio de la diligencia; sin embargo por problemas técnicos de comunicación con el penal de Piedras Gordas en Lima, donde se encuentra recluido Arroyo Rojas no se pudo llevar a cabo la diligencia.

Para esa fecha ha quedado pendiente la autodefensa de los hechos por parte del exalcalde y de los demás acusados, para luego proceder con los lineamientos de la lectura de sentencia.

Para el fiscal Laureano Añanca Chumbe quien estuvo a cargo de esta investigación ha señalado que sí hubo una concertación dolosa entre Arroyo Rojas y los exconcejales; así como de una exfuncionaria municipal para beneficiar a la empresa Zaikafer con la adjudicación directa de este servicio de manera irregular y que fue aprobado en sesión de concejo el 30 de marzo del 2012.

En ese sentido ha solicitado una pena de 4 años y 10 meses de cárcel para Arroyo Rojas. De la misma forma para los exregidores: Alberto Enríquez Namay, Uldarico Llanos Muñoz, Oswaldo Ávalos Angulo, Henry Torres Romero, Norberto Aguilar Carranza, Carlos Lynch Rojas y Katherine Aurora Moreno Alzamora. En tanto para la exconcejal Adela Vásquez Córdova, por haber tenido 21 años de edad al momento de cometerse el presunto delito se solicitó 3 años de pena privativa de la libertad, pero efectiva.

La investigación también alcanza a la exjefe de Administración Tributaria de la comuna provincial, Carmen Villanueva Acosta y la representante legal de la empresa Zaikafer, Zaida Karina Fernández Morales, a quien al parecer se le habría beneficiado de forma directa, con la aprobación en sesión de concejo municipal. Esto no habría estado dentro de sus funciones y debió darse a través de un concurso público.

Para la última investigada, la Fiscalía ha solicitado 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva. En tanto la Procuraduría ha pedido como reparación civil 70 mil 127 soles a favor del Estado.

(Por: Milton Palpa)