Chimbote en Línea.- Tres efectivos policiales, sindicados de ser los informantes de microcomercializadores de droga de sectores como 'La antena' y el distrito de Nuevo Chimbote a cambio de 'cupos' deberán explicar las acusaciones en su contra, luego que el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa dispusiera el inicio de juicio oral en el proceso que se le sigue por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y lavado de activos.

Según la tesis del Ministerio Público, los efectivos policiales, José Antonio Santillán Saavedra, Víctor Uceda Irribarren y Ronald Verna Cabrera, integrantes de la Comisaría de Chimbote, SEINCRI y DEPANDRO, se dedicaban hasta el año 2014 al cobro de cupos, tanto a microcomercializadores como a bandas criminales, a cambio de proporcionar información 'privilegiada' que les permita no ser capturados en operativos policiales.

De este grupo, la Fiscalía sostiene que José Santillán sería el cabecilla y el encargado de colocar a los demás integrantes en unidades claves de la División Policial de Chimbote, en tanto los microcomercializadores que habrían estado pagando cupos a los policías investigados son los conocidos como "Cojo Calín" quien tiene actividades en Nuevo Chimbote; "Chato Juan" o "Cholo" quien actuaba en la zona conocida como "La Antena"; la China María" quien actúa en la zona de San Pedro y la "Burra" que predomina en la zona de San Juan, carretera hacia el Penal de Cambio Puente.

Esta investigación reservada se dio inició el pasado 28 de mayo del 2013, tras el informe N·52-05-2013 de la Dirección Ejecutiva Antidrogas (DIREJANDRO) de la Policía Nacional que detalló la necesidad de investigar a estos efectivos policiales en actividad. Fue la intervención realizada por la Policía en setiembre del 2014 a la zona conocida como "La Antena", donde tras la incautación del celular al micrcomercializador conocido como "Cholo" se corroboró que mantuvo comunicación con los suboficiales PNP, Víctor Uceda Irribarren y Ronald Verna Cabrera.

Ante ello el juez Jorge Chávez Tamariz ordenó se prolongue la orden de prisión preventiva contra los investigados por un plazo de nueve meses mas además de disponer el inicio de juicio oral contra los mismos. A los efectivos policiales y a los microcomercializadores de droga se les acusa del delito de cohecho pasivo, en tanto al efectivo policial José Santillán, junto a dos familiares se le atribuye el delito de lavado de activos.