Chimbote en Línea.- Mediante dos informes de Auditoría de Cumplimiento, la Contraloría General identificó un perjuicio económico por S/ 4 494 770 en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Antonio Raimondi y Mariscal Luzuriaga debido a pagos irregulares de incentivos laborales adicionales a favor de funcionarios y trabajadores administrativos de ambas sedes, que se ejecutó afectando recursos destinados al pago de docentes.

El informe de Auditoría de Cumplimiento N° 30505-2021-CG/GRAN-AC, detalla que entre enero del 2018 y diciembre del 2020, funcionarios y servidores públicos de la UGEL Antonio Raimondi ocasionaron un perjuicio económico a la entidad por S/ 2 462 480 debido a que otorgaron incentivos laborales adicionales en beneficio propio y el de trabajadores administrativos contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276.

El pago adicional se hizo a pesar que se cumplió con desembolsar el incentivo único que autorizó el Ministerio de Economía Finanzas (MEF), sin embargo, se autorizaron y pagaron incentivos adicionales que no correspondían, basados en una Resolución Gerencial Regional que contravino la escala establecida por el MEF y que además no estaba registrada en el Aplicativo para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

Para financiar el incentivo adicional se afectó el presupuesto destinado al aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular.

En consecuencia, en el 2018 se benefició irregularmente a 23 trabajadores, incluyendo a los funcionarios que tenían a su cargo el manejo de los recursos. En el 2019, el pago se hizo a favor de 25 trabajadores, mientras que, en el 2020, los beneficiarios fueron 20 servidores.

Según el informe de auditoría, 14 funcionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa.

De igual forma, mediante el informe de Auditoría de Cumplimiento N° 29140-2021-CGR/GRAN-AC,  se determinó que en la UGEL Mariscal Luzuriaga, se simuló el pago de planillas de remuneraciones del personal activo con montos superiores a los que les correspondía, para luego destinarlos al pago irregular de incentivos adicionales, a pesar de no contar con autorización. Esta situación ocasionó a la entidad un perjuicio económico por S/ 2 032 290.

El desembolso de los incentivos adicionales fue hecho en base a escalas establecidas en la Resolución Gerencial Regional, la cual no contaba con presupuesto asignado, por lo que se afectó los recursos destinados al pago de docentes que son de uso exclusivo para el personal del magisterio.

En el 2019, a pesar de haber cumplido con el pago del incentivo único establecido por el MEF, los funcionarios elaboraron planillas adicionales para el pago irregular, favoreciendo a 24 trabajadores, incluyendo a quienes autorizaron los desembolsos; mientras que, en el 2020, se benefició a 27 trabajadores. Por estos hechos 12 funcionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa.

Ambos informes se encuentran publicados en el la página web institucional  https://www.gob.pe/contraloria   y fueron derivados al Procurador Público de la Contraloría General para las acciones legales del caso. Asimismo, a los directores de las entidades para que, en el marco de sus facultades inicien las acciones administrativas correspondientes.