Luego de tres años es muy poco lo que ha cambiado al respecto. Juan Carlos Ruiz nos habla de “un contexto donde el gobierno apoya el crecimiento acelerado de las actividades extractivas en sus territorios, con prescindencia de su obligación de proteger sus derechos y sin consideración de la conflictividad que ello genera en las actuales circunstancias”.

Por ello el  malestar indígena persiste

Dourojeanni señala que el origen de este malestar  está en los drásticos cambios de las tres últimas décadas, donde la población indígena ha visto sus  tierras invadidas y depredadas por “petroleros, madereros, gambusinos, agricultores que vienen de otras regiones, y son cada vez más afectados por decisiones gubernamentales distantes, como las que ceden lotes petroleros, otorgan concesiones forestales o construyen carreteras y represas, todo sin la menor consulta y, peor, sin ningún aviso previo” (p.189).

El malestar incluso se ha incrementado por la forma como se ha dado la Ley de consulta (setiembre de 2011) y  su reglamento (abril de 2012); así como la forma como se ha implementado la base de datos sobre pueblos indígenas. Renato Levaggi dice que “para cierto sector de la opinión pública, los pasos que ha dado el Ejecutivo son los correctos” Sin embargo “Las normas tienen deficiencias que llegan a desnaturalizar sus propósitos, dejan de lado instrumentos internacionales como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, carecen de legitimidad en las bases indígenas y las miradas distintas a la jurídica, a un tema sumamente complejo, brillan por su ausencia”.

En el caso concreto del Reglamento de la Ley de Consulta, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, presentó un Informe Técnico donde cuestiona particularmente dos cosas

los artículos 5, 9, 20,23 y 27 de dicho Reglamento, como podemos observar en el cuadro que a continuación presentamos:

b) que se haya incorporado algunas disposiciones importantes, sin que éstas hayan estado presentes en el diálogo que se tuvo con las organizaciones representativas de los indígenas, como lo detalla el siguiente cuadro.  

Con motivo de la Cumbre Río mas 20, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Las Naciones Unidas (CEPAL) dio a conocer un estudio La Sostenibilidad del Desarrollo. A 20 Años de la Cumbre Para La Tierra. Avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe,

En dicho documento CEPAL nos recuerda que “El Principio 22 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se refiere al papel fundamental que ejercen las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, en la ordenación del medio ambiente y el desarrollo, debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales”(.172).

Por eso se invoca a los Estados a “reconocer y apoyar su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible” (p.172), Nos recuerda también que “Al adoptar la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO, en 2001, la comunidad internacional demostró su compromiso en reconocer la “contribución del conocimiento tradicional, en particular sobre la protección del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales y promover sinergias entre la ciencia moderna y el conocimiento local” (p.239).

En su documento evaluativo de los últimos veinte años la CEPAL afirma “La necesidad de transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo, que tenga el valor de la igualdad en el centro de sus acciones y que sea capaz de ir adelante en forma simultánea con el desarrollo social, el crecimiento de la economía y la sostenibilidad ambiental”. Pues “El desarrollo no puede seguir perpetuando la pobreza y la desigualdad, ni deteriorando permanentemente los recursos naturales y los ecosistemas” (p.11). Y agrega que “es importante reconocer que existen diferentes visiones del desarrollo en la región, que reflejan la gran diversidad de países, pueblos y culturas que la componen. En los últimos años, han cobrado importancia en la esfera jurídica de algunos países las visiones y valores de los pueblos indígenas” (p.19).

Por eso Dourojeanni sostiene que “El pretendido estilo de desarrollo (o de no desarrollo) de los indígenas ofrece enormes beneficios al resto de los ciudadanos ya que, en teoría, sus tierras seguirán contribuyendo directamente a frenar el fenómeno del cambio climático y a proveer una serie de servicios ambientales. Ellos, por eso, deberían recibir compensaciones económicas justas que posiblemente les proveerían de aquellas modernidades a las que tienen derecho y que su forma de uso de la tierra quizá no provea”.