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Chimbote en Línea. – Frente a las denuncias sobre notarías que estarían solicitando certificados de salud mental a personas adultas mayores con discapacidad para sus trámites, el Conadis publicó el Informe Técnico Vinculante Nº D000004-2023-CONADIS-DPI, el que se precisa que las notarías no deben exigir dicho documento porque representa un acto de discriminación.
De acuerdo con el informe, este sector de la población suele recurrir usualmente a notarías para realizar trámites como testamentos, anticipos de herencia y sucesiones intestadas; no obstante, su capacidad de toma de decisión y autonomía suelen verse vulneradas ante la exigencia de estos establecimientos de presentar su certificado de salud mental o médico.
En ese contexto, el Conadis, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis), señala que denegar la atención a una persona adulta mayor con discapacidad en una notaría, por el hecho de no presentar su certificado de salud mental o médico, vulnerara el derecho a la igualdad y no discriminación, al reconocimiento igualitario como persona ante la ley, y al derecho a la independencia y autonomía.
Si bien, una de las funciones de mayor importancia del notario es la de verificar la capacidad y voluntad de las personas adultas mayores con discapacidad, estas deben manifestarse y expresarse libremente, aun si la persona requiere de un alto nivel de apoyo para formarlas; y no a través de pruebas de inteligencia u otros documentos, como el certificado de salud mental o historial médico, que terminan obstaculizando el ejercicio de su capacidad jurídica.
Decisión personal
Por otro lado, en el informe también se precisa que las notarías no deben condicionar a las personas adultas mayores con discapacidad de ir acompañados de un familiar o una persona de apoyo, ya que vulnera su autonomía. Esta decisión corresponde únicamente a la propia persona.
Cabe recordar que, las y los notarios desempeñan un papel fundamental como salvaguardias en la protección de los adultos mayores con discapacidad en los servicios notariales. En ese sentido, su intervención busca asegurar la legitimidad y la autonomía en los actos jurídicos de los adultos mayores con discapacidad, brindando así una mayor seguridad jurídica en sus decisiones.
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