Chimbote en Línea. - Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, cuestionó la actuación del Ministerio Público en el caso de los relojes Rolex, y calificó este de “inconstitucional” por la manera en que se ha iniciado y se viene desarrollando.

 

“Es inconstitucional comenzar una investigación desde los relojes”, manifestó el letrado, en entrevista concedida a RPP. “Acá se confunden dos situaciones (el presunto obsequio de un objeto y no haber declarado esto) con enriquecimiento ilícito”, manifestó.

 

Campos, quien es abogado de la Mandataria para el caso de las muertes producidas en las protestas de fines del 2022 y comienzos del 2023, consideró que lo que la fiscalía debió de hacer ante la presunción del mencionado ilícito fue determinar en qué sentido la Mandataria abusó de su cargo. Eso permitiría “establecer el vínculo entre el enriquecimiento ilícito y los regalos”, señaló.

 

“Es incorrecto establecer una imputación de enriquecimiento ilícito sin tener un ilícito que investigar”, indicó, en tal sentido. Cuestionó que, al no contarse con ello, se procediera a hacer una investigación “para ver qué se va a investigar” después; situación que –dijo– “no se permite en los Estados constitucionales”.

 

Campos añadió –siguiendo esa lógica– que han debido ser otros organismos los que tuvieron que actuar en este tema, previamente. “Se tiene a la UIF, a la Sunat y a la Contraloría, que pueden hacer esa investigación antes de llegar a un delito: el Ministerio Público no está para buscar el origen de los relojes”, recalcó.

 

“Que actúen los otros organismos antes de justificar una intervención penal”, indicó el letrado, en referencia al allanamiento efectuado en el domicilio y en la residencia del Palacio de Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Consideró. en tal sentido, que en este caso se ha actuado en función a una sospecha, “destruyendo la presunción de inocencia” que le asiste a su defendida.

 

Argumento y sospecha

 

Consideró, asimismo, que haber pedido una reprogramación de la fecha en que la Mandataria debía de dar su declaración ante la fiscalía no puede considerarse un argumento para autorizar el descerraje llevado a cabo. En cuanto a la procedencia de los artículos de lujo, señaló que estos podrían haber provenido de “un acto de homenaje o ser un regalo de un jefe de Estado”.

 

En su opinión, el encargado de la Fiscalía de la Nación, Juan Carlos Villena, está haciendo “una mala interpretación de la aplicación jurídica”, puesto que la institución a su cargo debe plantear primero “una hipótesis concreta”. Consideró, asimismo, que el titular del Ministerio Público “se ha empoderado” con esta acción contra la Presidenta.(Fuente Andina)