Así lo manifestó durante su participación en el “Foro políticas públicas en minería 2025-2026”, organizado por Expomina, donde se abordó el rol de las políticas públicas para desarrollar y consolidar el sector minero en el país.

 

El viceministro Luna afirmó el compromiso del Estado para simplificar la tramitología que existe en los proyectos mineros.

 

“Hemos emitido otras resoluciones ministeriales relacionadas con la exploración y el proceso de simplificación de la Ficha Técnica Ambiental (FTA). Además de dictar normas, estamos brindando la capacitación correspondiente para que haya un mayor entendimiento de estas y se puedan elaborar estudios ambientales en menor tiempo y costo”, indicó.

 

Asimismo, destacó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) impulsó una norma para implementar una ventanilla única digital, que se viene desarrollando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y todas las instituciones relacionadas con la tramitología para la exploración minera.

 

También indicó que las regulaciones en temas de estudios ambientales y otros aspectos son más sencillos para la pequeña minería y minería artesanal; sin embargo, requieren permisos de otros sectores, como los ministerios de Ambiente y Cultura, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la Superintendencia de Bienes Nacionales, la Autoridad Nacional del Agua, gobiernos regionales y locales.

 

“Todos estos procedimientos tienen un programa y proceso establecido en la ley, donde se establecen los plazos necesarios para las distintas etapas que van desde la solicitud hasta la publicación, construcción y el título sea el caso. Lo que queremos es que todos los actores involucrados en la minería cumplan estos trámites y actúen con transparencia”, detalló.

 

Normas positivas

 

En otro momento, Guillermo Shinno, gerente general corporativo de Apumayo, sostuvo que hay normas e iniciativas positivas, como la que permite contar con la licencia de agua mientras se solicita el permiso de operación.

 

“Sin embargo, no debemos centrar nuestros esfuerzos solo en este aspecto. El sector no debe perder la vista la conflictividad existente, que hace que no avancen muchos de los proyectos, y hacer un mayor esfuerzo por distinguir la ilegalidad y la criminalidad de aquellos que buscan formalizarse”, indicó.

 

La mesa de debate estuvo bajo la dirección de Delia Muñoz, coordinadora del programa de Maestría en Solución de Conflictos de la Universidad San Martín de Porres; y también contó con la participación de Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la UPC, entre otros. (Fuente: Andina)