El proyecto de Ley N.° 9013/2024-CR, modifica diversos artículos del Código Penal para sancionar con no menos de seis ni más de 10 años a quienes destruyan, quemen, dañen o talen todo o parte de los bosque, formaciones boscosas o pajonales, sin contar con licencia y autorización o concesión otorgada por la autoridad competente.

 

En situaciones agravadas, la pena será no menor de diez años ni mayor de trece años, indica el proyecto de ley.

 

Soto argumenta que los incendios forestales se han convertido en los últimos años en una problemática recurrente, que ha provocado la pérdida de vidas humanas, flora, fauna y de ecosistemas que tardarán años en recuperarse, así como también serias afectaciones en la agricultura y la ganadería.

 

Precisa que los incendios forestales suelen originarse, en su mayoría, por la acción directa o indirecta del ser humano, ya sea por descuidos, negligencias o prácticas intencionales, como la quema agrícola, emergencias frente a la cual es insuficiente la capacidad logística y operativa de las autoridades.

 

“Muchos incendios son provocados por la presión de ampliar las áreas destinadas a la producción agrícola o ganadera, sin embargo, estas prácticas, llevadas a cabo sin las debidas precauciones y sin un control adecuado, han dado lugar a la expansión descontrolada de las llamas”, indica el proyecto.

 

Señala que las penas establecidas en el Código Penal para estos delitos no ha tenido la “contundencia necesaria para disuadir a los infractores, por lo que un incremento de las sanciones pueden cumplir el propósito de proteger estos recursos.

 

"A pesar de la existencia de sanciones, estas no han sido lo suficientemente efectivas para frenar esta problemática; por ello, considero que una mayor severidad en la imposición de las condenas, en especial la aplicación de penas privativas de libertad efectivas, podría actuar como un disuasivo más fuerte, al tiempo que serviría como una sanción ejemplarizadora para quienes cometan estos actos", refiere el documento.

 

Considera además se hace imprescindible reforzar las políticas de prevención de incendios forestales, fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones encargadas y promover una mayor conciencia en la población acerca de las graves consecuencias que estos incendios traen consigo. 

 

“Con la aprobación y entrada en vigor de esta iniciativa, las penas privativas de libertad se aplicarán de manera efectiva, asegurando que los culpables enfrenten una sanción proporcional a la gravedad de sus actos”, precisa la inciativa. (Fuente: Andina)