El dictamen, para ello, plantea modificar el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

 

El congresista José Luna Gálvez, autor de la propuesta, explicó que incluso los delincuentes menores de 18 años podrían ser sentenciados a cadena perpetua, dependiendo de la gravedad del hecho y los agravantes considerados en la norma aprobada en la víspera sobre criminalidad sistemática. 

 

“No podemos taparnos los ojos ante la realidad. Sabemos que los más peligrosos delincuentes utilizan a los menores de edad para cometer el asesinato por encargo, secuestro o narcotráfico, aprovechando su inimputabilidad; además, hay otros delitos, como el de feminicidio y la violación sexual, debido a su gravedad y su implicancia para la sociedad, merecen un trato diferenciado y sancionar a los menores que lo cometen como adultos”, recalcó.

 

Además, explicó que, en el caso de los internos de 16 a 21 años, estos serán separados de los de mayor edad, de acuerdo con los demás criterios de separación.

 

De igual modo, señaló que, ante la crisis de inseguridad ciudadana y la ola delincuencial cada vez más violenta, no podemos mantenernos impasibles. Es necesario, dijo, aplicar mano dura, sin contemplaciones, para restituir el principio de autoridad.

 

Durante el debate, el congresista Alejandro Muñante, sostuvo que en el país cuando un menos de 16 o 17 años comete delitos de sicariato, extorsión y homicidio calificado es simplemente sancionado “como un infractor de la ley penal”.

 

“Es decir se le da el mismo tratamiento de un niño y eso conlleva a que sean internados en centros juveniles como ‘Maranguita’, donde permanecen hasta cumplir los 5 o 6 años, pero no va a un penal al cumplir los 18 años”, señaló el parlamentario.

 

Asimismo, Héctor Valer dijo que la iniciativa es buena para combatir la delincuencia y el sicariato, ya que es “una clara medida contundente en la lucha contra la criminalidad”.

 

A su turno, la parlamentaria Silvana Robles sostuvo que es cierto que hay muchos adolescentes que infringen la ley, pero pasar de sanciones a penas no va a tener resultados en la lucha contra la delincuencia.

 

Su colega Kelly Portalatino señaló que la necesidad de aprobarse la citada iniciativa es por la falta de presencia del Estado en la educación. “Necesitamos fortalecer los centros comunitarios de salud mental y más profesionales para atender a los adolescentes”, dijo.

 

Por su parte, Guillermo Bermejo, señaló que la propuesta para que los adolescentes sean imputables por delitos graves no ha funcionado en varios países, como Estados Unidos. “Por el contrario, la delincuencia va a aumentar. Estamos tomando medidas populistas. En este país siempre ha funcionado la inteligencia y el seguimiento”, acotó. (Fuente: Andina)