En un pronunciamiento, indica que las normas aprobadas en materia orgánica, referidas a la carrera judicial y fiscal; así como las normas en materia penal y constitucional se hicieron “sin la imprescindible reflexión y vocación de consenso con los demás poderes públicos en asuntos que comprometen la aplicación de las leyes y la propia institucionalidad del ordenamiento judicial”.

 

Señala también que llama la atención la profunda reforma a instituciones como las diligencias preliminares o investigación preliminar “con patente desconocimiento del artículo 159, numeral 4, de la Constitución, que establece la conducción de la investigación del delito al Ministerio Público, desde el inicio, lo cual crea un desbalance en su relación con la Policía.

 

"Asimismo, la modificación del tipo legal de crimen organizado en una línea preocupante de marchas y contramarchas que reduce sensiblemente la posibilidad de una persecución procesal razonable y efectiva en aras de la tutela de los intereses públicos", afirma el pronunciamiento.

 

Mencionan también los cambios de la detención judicial preliminar, con la eliminación de detención sin flagrancia delictiva que luego fue derogada por el Legislativo.

 

 “Es perturbadora la reforma del Código Procesal Constitucional al limitar los poderes de control constitucional de las decisiones parlamentarias y generar un procedimiento especial que revela un claro desequilibrio de los principios de separación, equilibrio e independencia”, refiere.

 

En ese sentido, hacen un “llamado de atención a los poderes públicos y a la colectividad para evitar la afectación de la independencia judicial y que se promueva una política legislativa acorde con los valores democráticos".

 

Insiste que los grandes cambios que requiere el sistema de justicia no pueden realizarse excluyendo al Poder Judicial y “justificando veladamente el intervencionismo al sistema de justicia que nada bueno traería consigo". (Fuente: Andina)