Chimbote en Línea.- En el marco de la declaratoria del estado de emergencia en la provincia de Pataz, el General de Brigada Marco Marín Saldaña, comandante general del Comando Unificado de Pataz, encabezó una importante reunión de coordinación multisectorial con representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y diversas instituciones del Estado.

El encuentro, desarrollado en el campamento minero Hualanga, tuvo como objetivo principal presentar oficialmente a los oficiales designados y establecer las líneas de acción conjunta frente a las amenazas que representa el crimen organizado.

A la reunión asistieron el jefe de la Región Policial de La Libertad, Carlos Llerena; el jefe de Operaciones de Pataz, Carlos Jara; el jefe del Campamento Militar en Pataz, Jorge Domínguez; así como representantes del Ministerio de Energía y Minas, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Sucamec y el Gobierno Regional de La Libertad.

“Lo que enfrentamos en Pataz es un desafío a nuestra identidad nacional, cada extracción ilegal no solo sustrae minerales afecta el futuro de nuestras comunidades. El Estado de Emergencia refleja la determinación inquebrantable del Estado, con sus Fuerzas Armadas y su Policía Nacional trabajando juntos e implementando un enfoque integral”, indicó Marín.

El estado de emergencia, prorrogado por 30 días mediante el Decreto Supremo N.° 060-2025-PCM, establece un conjunto de medidas excepcionales que incluyen la inmovilización social obligatoria en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m.

Así como la suspensión de actividades mineras en dichas zonas. Estas disposiciones buscan frenar el avance de la minería ilegal y neutralizar las acciones del crimen organizado que opera en la región.

Durante este período las Fuerzas Armadas, mediante el Comando Operacional del Norte, asumen el control del orden interno, con el apoyo de la Policía Nacional, reafirmando su rol estratégico en la protección de la población y la recuperación de territorios afectados por actividades ilícitas. (Fuente: Andina)