Juzgado de Paz en Familia implementa buena práctica para pago oportuno de alimentos
Chimbote en Línea.- Una buena práctica judicial orientada a lograr el
cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias viene implementando el
Segundo Juzgado de Paz Letrado en Familia del Santa, a cargo del juez Moisés
Heras de la Cruz, mediante la realización de audiencias especiales en los
procesos de ejecución de alimentos.
Esta iniciativa se aplica cuando, existiendo una liquidación
de pensiones devengadas, el juez advierte que el obligado mantiene una voluntad
concreta de cumplir con el pago de la deuda. En estos casos, se genera un
espacio judicial que permite concretar el pago y establecer compromisos para la
cancelación del saldo pendiente.
Un ejemplo de esta práctica se registró el pasado 25 de
agosto durante una audiencia de un
proceso cuya deuda alimentaria había sido liquidada inicialmente en S/
7,692.90. Luego de efectuarse pagos a cuenta, el saldo pendiente ascendía a S/
1,792.90.
Durante la audiencia especial, el obligado acudió con S/
1,235, monto que fue entregado directamente a la demandante. De esta manera,
quedó un saldo de S/ 557.90, respecto del cual se estableció el compromiso de
ser cancelado en el plazo de una semana.
El compromiso fue cumplido dentro del plazo acordado. En
consecuencia, una vez acreditado el pago total, el juez emitió la resolución
correspondiente declarando cancelada la deuda alimentaria.
Esta buena práctica busca que la ejecución de las decisiones
judiciales tenga un resultado concreto para quienes esperan el cumplimiento de
una pensión de alimentos, promoviendo soluciones que permitan hacer efectiva la
obligación cuando existe voluntad de pago.
De esta manera, este órgano jurisdiccional busca ejecutar
las sentencias y garantizar una tutela judicial efectiva, teniendo como eje
fundamental el interés superior del niño.
Finalmente, el magistrado explicó que el incumplimiento del
pago de las pensiones alimenticias puede generar la remisión de copias al
Ministerio Público para iniciar un proceso penal por omisión a la asistencia
familiar, lo que implica una nueva vía y mayor tiempo de trámite. Por ello,
esta práctica busca favorecer el cumplimiento oportuno de la obligación
alimentaria, priorizando el interés superior del niño.