Chimbote en Línea.- La Procuraduría general del Estado denunció ante la Fiscalía de la Nación al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
Esta denuncia de la Procuraduría se sustenta en las reuniones que sostuvo el mandatario con la empresaria Karelim López, mismas que habrían tenido la presunta finalidad de que este intercediera para que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra.
El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, denunció ante la fiscalía de la Nación al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, por el caso Provías y la buena pro que obtuvo el consorcio vinculado a la empresaria Karelim López, con quien el jefe de Estado se reunió en varias oportunidades.
Según la denuncia, las reuniones entre la empresaria Karelim López y el presidente Castillo se habrían realizado para que el mandatario intercediera a fin de que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra.
La decisión del procurador se conoce horas después de las diligencias de allanamiento que realiza la fiscalía anticorrupción en los inmuebles de Karelim López y Bruno Pacheco.
Soria advierte una serie de hechos por los cuales existen sospechas de que el presidente Castillo “también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias que se viene investigando actualmente por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima, en la cual vienen siendo investigado el exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco Castillo”.
“Algunas de las reuniones que se mencionan en la denuncia se realizaron en el inmueble ubicado en el pasaje Sarratea 179, en el distrito de Breña. Cabe resaltar que la Procuraduría General del Estado solicitó información sobre estas reuniones al secretario general del despacho presidencial, quien informó en dos ocasiones que no tenía registro de las reuniones que allí se llevaron a cabo”, indicó la Procuraduría.(Con datos de El Comercio – Redacción Central)
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