Chimbote en Línea. -    Complicada. La expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez cumpliría con los requisitos necesarios para que el Poder Judicial le impongan los 18 meses de prisión preventiva solicitados por el Ministerio Público, en la investigación que se le sigue por su participación en los hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre, día en que el expresidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Ello, según los argumentos expuestos ayer por la fiscal Galinka Meza durante la sustentación del pedido fiscal, también formulado contra los exministros de Castillo, Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo).

 

Por este caso, el Ministerio Público estimó que Chávez Chino, a quien se le imputan los presuntos delitos de rebelión y conspiración, podría recibir una condena de más de 23 años de cárcel.

 

El juez Juan Checkley informó que la sesión se reanudará el próximo miércoles 26 de abril desde las 3 de la tarde, fecha en que el magistrado leerá la resolución del requerimiento fiscal.

 

DETALLES. Durante la audiencia, la fiscal Galinka Meza manifestó que el 7 de diciembre del 2022 se produjo una reunión entre el entonces presidente Pedro Castillo; la premier Betssy Chávez; el asesor de la PCM, Aníbal Torres, y “otras personas en proceso de identificación” para perpetrar “el delito de rebelión”.

 

En dicho encuentro se acordó llevar adelante la disolución del Congreso, la instalación de un estado de excepción y la reorganización del sistema nacional de justicia, “vulnerando la Constitución y la autonomía de las referidas entidades”.

En el caso de Chávez Chino, la Fiscalía señaló que la expremier tuvo una participación la mencionada fecha al referirse a la convocatoria hecha -vía WhatsApp- a los miembros del Gabinete Ministerial a Palacio de Gobierno e indicar que se trataba de “un día histórico”.

 

La representante del Ministerio Público manifestó que el 7 de diciembre la extitular de la PCM fue vista ingresar y salir en diversas oportunidades al Despacho Presidencial antes y posterior a la emisión del mensaje a la Nación que brindó Pedro Castillo, en el que anunció un golpe de Estado.

 

Además, sostuvo que, de acuerdo a declaraciones de testigos, Chávez Chino realizó las gestiones previas para difusión del mensaje de Castillo Terrones a través del canal del Estado: TV Perú.

Los elementos de convicción mencionados por la fiscal incluían chats, cámaras de Palacio de Gobierno, declaraciones de exministros y otros testigos relacionados al caso.

 

Desde el Ministerio Público también se cuestionó que la expremier haya cambiado la dirección de su domicilio en Lima y Tacna en varias oportunidades; además de referir que la exfuncionaria no cuenta con “suficiente arraigo familiar”.

 

En ese sentido, la fiscal consideró que la imputada “puede permanecer oculta con facilidad”, dado que también carece de arraigo jurídico para ejercer la abogacía.

 

Sobre el peligro de obstaculización, Meza mencionó que, a pesar de que Chávez estaba siendo investigada junto a Pedro Castillo por el citado hecho, continuó visitándolo hasta en tres ocasiones entre el 16 de diciembre del 2022 y el 26 de enero del 2023.

 

“La imputada no ha mostrado actitud de que pretenda reparar el daño causado (...) Se niega a reconocer que el 7 de diciembre hubo un golpe de Estado”, refirió.

 

“El hecho incriminado a la imputada no solo generó una sensación de tensión y zozobra, sino también una serie de actos vandálicos en perjuicio del patrimonio particular y estatal, cuyo costo asciende a 2 mil 150 millones de soles”, precisó.

 

Respecto a los fundamentos para sustentar el requerimiento fiscal para Willy Huerta, la representante del Ministerio Público sostuvo que el exministro reside en una vivienda que “no es su propiedad” y cuyo contrato “vence en cualquier momento”. Ello, recalcó, generaría que el exfuncionario no cuente con un arraigo “de calidad”.

 

La fiscal indicó que, en el caso de Huerta, “existe un alto grado” de que este puede ser prófugo de la justicia a raíz del conocimiento y las relaciones que gestó cuando ejerció el cargo de titular del sector Interior.

Sobre Roberto Sánchez, la representante del Ministerio Público indicó que carece “de arraigo de calidad” al sostener que reside en una vivienda diferente a la señalada como domicilio familiar.

 

También recalcó que el investigado, durante el tiempo que ejerció como ministro y en el cargo de congresista, habría acumulado patrimonio y recursos “que le permitirían salir del país” y que, por la pena grave que se pide en su contra por el caso, “hay una situación que incentiva el peligro de fuga”.

 

RESPONDEN. Por su parte, la defensa legal de los imputados, que también participaron en la audiencia, cuestionaron los argumentos de la Fiscalía y consideraron que la solicitud de 18 meses de prisión preventiva es “desproporcionada”.

 

Durante su intervención, Betssy Chávez sostuvo que los argumentos de la Fiscalía carecen “de toda lógica” y responden a “falsedades”, dada la documentación presentada.

 

“Respecto al arraigo laboral, cuando soy suspendida en mis labores de congresista, necesito trabajar. (...) Actualmente vengo laborando en dos empresas, una ha sido cuestionada por el Ministerio Público; la otra no”, expresó.

 

Chávez indicó que también realiza asesorías jurídicas y lamentó que se ponga en duda su arraigo familiar “por ser soltera y no tener hijos”.

 

“Sobre mi arraigo domiciliario, estoy indicando que yo en Lima no tengo ningún departamento comprado ni terreno. He vivido en Lima por la labor que he realizado como congresista de la República”, refirió.

En tanto, Willy Huerta recalcó que “fue el primero en colaborar” con la Fiscalía respecto a los hechos ocurridos el 7 de diciembre del 2022.

 

“Yo fui el que declaré, colaboré, entregué mi telefono. A la Fiscalía le sirve como elemento de convicción lo que yo he declarado porque es la verdad”, dijo.

 

Por su parte, Roberto Sánchez afirmó ser “absolutamente ajeno a los hechos se investigan”. El exministro insistió en no haber participado antes, durante, ni después de los hechos relacionado al golpe de Estado de Pedro Castillo.

“Sin embargo, he demostrado también mi sujeción a la investigación. Yo también soy otro peruano más comprometido en colaborar con el esclarecimiento de los hechos que todo el Perú necesita conocer”, añadió. (Fuente: Diario Correo)