Dicha situación fue analizada desde hace un año por el JNE, a través de una comisión de trabajo presidida por el miembro titular del pleno de la institución, Willy Ramírez Chávarry, cuyas conclusiones serán plasmadas en la referida propuesta legislativa.

 

En entrevista con el canal JNE TV, el magistrado explicó que en el país hay actualmente recluidos unos 37,000 ciudadanos sin una sentencia condenatoria y, sin embargo, se encuentran impedidos de ejercer su libertad al existir una decisión judicial que dispone su internamiento en uno de los establecimientos penitenciarios.

 

“Nuestra Constitución Política establece claramente que a una persona se le suspende su ciudadanía con una sentencia condenatoria firme y confirmada”, manifestó.

 

En ese contexto, dijo que el documento también está orientado a la formulación de propuestas que fortalezcan la participación democrática en los centros de reclusión, lugares donde, de aprobarse la iniciativa, emitirían su voto las personas que están recluidas.

 

Indicó que para ello se coordina con los otros organismos que conforman el Sistema Electoral (Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), así como con el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entre otros, a fin de conocer sus opiniones técnicas y consensuar la iniciativa legislativa.

 

Ramírez Chávarry adelantó que la propuesta será llevada también al Colegio de Abogados de Lima, gremio en el que se llevará a cabo un conversatorio que permitirá recibir los últimos aportes y realizar los ajustes que correspondan antes de su presentación al Legislativo.

 

“Estamos sumando esfuerzos e iniciativas para sacar adelante este interesante anteproyecto que va en beneficio de un importante porcentaje de nuestra población que no ha salido de nuestra sociedad, sino que forma parte de ella”, puntualizó.(Fuente: Andina)