(Por: Germán Torres Cobián)  La polémica está servida y vamos a entrar en ella. La mayoría de la opinión pública entre la que se puede contar a reconocidos personajes del mundo cultural y  buena parte de la feligresía católica peruana, ha quedado escandalizada ante la negativa del Cardenal Cipriani de renovarle la licencia al sacerdote Gastón Garatea para ejercer su labor pastoral en la Diócesis de Lima.

Aparentemente, el motivo ha sido una manifestación del Padre Garatea a favor de la unión civil de los llamados gays.

Se sabe que  Don Juan Luis Cipriani tiene una aversión obsesiva hacia los homosexuales porque así lo viene demostrando con su retórica subliminal en sus acostumbradas homilías catedralicias y en sus charlas radiofónicas; y no es partidario de los matrimonios o enlaces religiosos o civiles entre dos personas del mismo sexo.

Sin embargo, nosotros creemos que no es este el verdadero motivo de la defenestración del P. Garatea de su labor parroquial; es sólo un pretexto.  

Para la jerarquía fundamentalista de la Iglesia Católica peruana que preside Cipriani,  Garatea  es una piedra en el   zapato, como lo es el sacerdote Gustavo Gutiérrez y otros curas de base que ejercen una tarea franciscana, silenciosa, casi anónima en favor de los más necesitados en toda la geografía de nuestro país.

Las actitudes progresistas de Gastón Garatea en los asuntos de gobernabilidad y su postura al lado de las autoridades  académicas en el problema de la Universidad Católica han sido el verdadero detonante de su defenestración.
La trayectoria pastoral y humanista del P. Gastón Garatea es tan conocida que sería una redundancia  airearla una vez más.

Y también es conocido el ideario integrista, inmovilista y ultramontano de Cipriani: se conoce su férreo apoyo a la dictadura fuji-montesinista, extremo que le llevó a decir, en plena opresión  asesina y cleptómana: “los derechos humanos son una cojudez”.

Se sabe de su intransigente resistencia al aborto terapéutico y en casos de violación, se conoce su rasgada de vestiduras frente al reparto de preservativos y el Anticonceptivo Oral de Emergencia  y ante cualquier método de planificación familiar, que nuestra población tanto necesita, y, en fin, es conocida su oposición a todo lo que suponga modernismo en nuestras estructuras sociales y políticas.

El problema de la unión civil entre personas de la misma orientación sexual está allí y el Congreso peruano tendrá que legislar algún día sobre ello. Aquí no se trata de entablar un debate teológico (tiempo habrá para ello), sino de una polémica por definir quién manda, quién tiene el poder concedido por el pueblo para legislar, en este caso, sobre un caso o problema  que está en la sociedad y que los países más desarrollados están resolviendo paulatinamente.

La Iglesia Católica peruana ha disfrutado de privilegios como probablemente ninguna otra comunidad religiosa  latinoamericana y ha  desarrollado una actividad tan variada que hasta le permitía  determinar  nuestras leyes con arreglo a sus conceptos morales.

Esto se  debe acabar en un país como el Perú que intenta caminar hacia la democracia. Precisamente porque, aunque la Constitución no establece claramente el papel de la religión dentro del Estado, la capacidad de influencia del lobby clerical en los gobiernos se ha mantenido mediante ministros y congresistas cuya fe en los dogmas católicos raya en el fanatismo.

Por lo demás, si Cipriani quiere  entrar a tallar en política, está en su derecho. Pero a la hora que nos intente dar lecciones sobre democracia habrá que recordarle que la Iglesia Católica es una de las instituciones menos democráticas del mundo.

No guarda los más mínimos requisitos  exigibles a cualquier formación política que concurra a unas elecciones libres y, desde luego, llama la atención lo rigurosamente piramidal  de su estructura de poder y la ausencia de cualquier forma de igualdad de género en sus filas.

Olegario González, teólogo católico, en su obra “El poder y la conciencia” señala que “la moral  civil de una sociedad no siempre coincidirá con el proyecto social ni con una legalidad inspirada en el Evangelio. Lo contrario supondría  una eliminación del pluralismo social o de las vías democráticas de su expresión”.

Extrapolando el concepto, podemos decir que, juicios como el  citado ponen de manifiesto que en la misma Iglesia Católica existen voces sensatas, calificadas y discordantes respecto al pretexto que ha utilizado  Cipriani  para quitar de en medio al buen Padre Gastón Garatea.