Chimbote el Línea.- La Defensoría del Pueblo expresó su más enérgico rechazo y profunda preocupación ante los recientes hechos de violencia contra la mujer que involucran al diputado Julián Pérez Mallqui, que han derivado en su detención en flagrancia.

"La denuncia por agresión física y psicológica en agravio de su expareja constituye un hecho sumamente grave, que requiere una respuesta institucional inmediata, coordinada y categórica por parte de todas las autoridades del sistema de justicia", señaló la institución.

La Defensoría expresó que las prerrogativas inherentes al alto cargo parlamentario no pueden ser utilizadas como mecanismos procesales de impunidad frente a delitos comunes y flagrantes violaciones a los derechos humanos.

"Asimismo, exigimos a la Cámara de Diputados para que deslinde de inmediato con este tipo de conductas que son una afrenta al derecho de la mujer peruana", puntualizó.

También consideró que la representación nacional no puede albergar en su seno a individuos que ejerzan sistemáticamente la violencia, por lo que corresponde aplicar las máximas sanciones constitucionales y legales, así como la erradicación del machismo en las más altas esferas del poder público. 

Indicó que la violencia contra las mujeres no es un conflicto estrictamente privado, sino que constituye "una vulneración sistemática y estructural de los derechos humanos fundamentales".

Igualmente, manifestó que los altos funcionarios del Estado tienen el deber ético, político y legal de mantener un comportamiento cívico en todas las esferas de su vida, y deben ser los primeros garantes del derecho de las mujeres a vivir libres de toda forma de violencia. 

"El Estado tiene la obligación estricta de actuar con la máxima y debida diligencia para prevenir, investigar exhaustivamente, sancionar de manera proporcional y reparar integralmente la violencia contra la mujer", señaló la Defensoría del Pueblo.

Daño trasciende a la víctima

Del mismo modo, sostuvo que cuando el presunto agresor es un legislador, el daño trasciende a la víctima directa y fractura profundamente el pacto social democrático; pues quien está llamado a legislar para disminuir los índices de la violencia contra las mujeres se convierte, contradictoriamente, en el perpetrador de las mismas.

Del mismo modo, anotó que resulta preocupante que el legislador involucrado registre antecedentes penales, así como diversos procesos judiciales previos vinculados a delitos de lesiones y violencia familiar, por lo que se hace necesario fortalecer los filtros de idoneidad para el acceso a la alta función pública. 

"La Defensoría del Pueblo exige al Ministerio Público y al Poder Judicial que conduzcan todas las diligencias con la mayor celeridad procesal, el más estricto rigor probatorio y total transparencia. Es absolutamente fundamental recabar de inmediato los elementos de convicción pertinentes y evitar cualquier dilatación", afirmó. (Texto y foto: Andina)